Si el Presidente espera demasiado...
Por Tomás Eloy Martínez
Para LA NACION
HIGHLAND PARK, N. Jersey
Las crisis institucionales en la Argentina de las últimas siete décadas no han sido graves sólo por lo que sucedió, sino sobre todo por lo que no se permitió o no se quiso que sucediera. Cientos de veces hubo denuncias y hasta certezas de corrupción, de tráfico de influencias, de sobornos, de enriquecimientos veloces e ilegítimos, y otras tantas veces, casi siempre, esas historias terminaron en nada. La impresión de que el ejercicio del poder y el paso del tiempo disuelven todas las culpas ha sembrado en la sociedad argentina un escepticismo moral y un hartazgo ante la impunidad que podría abrir paso a cualquier aventura política. La Argentina es, desde hace tiempo, un país imprevisible.
Lo que podría no suceder ahora es mucho más serio que todo lo que ya ha sucedido. Si el Gobierno deja sin identificar a quienes, desde el Gobierno mismo -según indican las evidencias-, han pagado sobornos a senadores de la Nación, todas las instituciones, y más que ninguna la figura presidencial, quedarán seriamente afectadas. La fe en el Presidente todavía sigue en pie, según revelan las encuestas, pero esa fe se haría pedazos en mucho menos tiempo de lo que tardó en construirse si el Presidente vacila o espera demasiado para establecer la verdad.
Sin duda va a ser difícil romper el pacto de silencio que los senadores corruptos han tejido con sus pares y, tal vez, con algunos sectores de sus partidos, pero el sentido común indica que al Presidente de la Nación no le será imposible establecer de dónde salieron los fondos para comprar la Ley de Reforma Laboral, quiénes fueron los emisarios que pagaron las coimas y, a partir de esos datos, quiénes fueron los sobornados. A la vez, si el miedo a la venganza de sus pares o a convertirse en apestados políticos sigue enmudeciendo a los senadores que aún tienen la conciencia limpia, también ellos van a aparecer tan manchados como los demás. En el código secular de la mafia italiana, se sabe que los cómplices siempre salen perdiendo más que los culpables.
Asalto al poder
Antes de los golpes militares, la corrupción era un mal casi desconocido en la Argentina. Se cometían errores graves en el manejo de los dineros públicos, como las emisiones exageradas de moneda del presidente Miguel Juárez Celman en 1889 y 1890, pero no se robaba. Después de 1930, la idea de que el poder podía ser asaltado, no sólo con las armas sino también con la codicia, se convirtió en un anzuelo para las elites. En algunos casos, los cargos públicos dejaron de ser lo que en verdad son, una carga, para convertirse en una fuente de beneficios que permitía tanto devolver favores como proporcionar ganancias extras a funcionarios y amigos. Los corruptos son pocos, pero los que han hecho la vista gorda ante la corrupción, la han consentido o apañado -por una mal entendida solidaridad de partido o de clan- son demasiados. Para que saltaran a la luz los sobornos de ahora en el Senado de la Nación, tuvo que haber antes muchos otros sobornos.
Cuantas más veces era asaltado el poder, más se perfeccionaba la impunidad y más ostentosa se volvía la desvergüenza. En la última década, decenas de presuntos actos de corrupción fueron denunciados por los diarios y hasta por la embajada de los Estados Unidos, sin que hubiera sino uno que otro preso ocasional. La exigencia de coimas a la empresa Swift, la venta de leche en mal estado por parte del ex secretario Miguel çngel Vicco, el lavado de dinero y las valijas con billetes que iban y venían por el aeropuerto de Ezeiza (regido entonces por Ibrahim Al Ibrahim), la entrega de los servicios postales a las empresas de Yabrán, todo eso terminó con el silencioso alejamiento de los protagonistas por el foro de ninguna parte, y con la explicación presidencial de que la Justicia no había encontrado nada.
En todos los casos, no fueron los poderes públicos sino la prensa la que destapó las ollas podridas. La inacción o la complicidad del Ejecutivo y la negligencia de la Justicia hicieron que la opinión pública creyera menos en las instituciones y más en lo que decían los diarios. Al mismo tiempo, se fortaleció lo que podría llamarse una mediatización de la política. Para ser creíbles o populares, para legitimarse, en suma, un vasto número de funcionarios se lanzó a la conquista de los medios. El que lograba saltar a mayor número de titulares, el que aparecía más veces en horarios centrales de la televisión y la radio, se creía más eficaz o mejor. Eso concedió a los medios la ingrata función de fiscales y acabó por pervertir el sistema, porque la prensa no puede ni debe hacer lo que es misión de las instituciones, ni las instituciones deben cumplir con sus obligaciones sólo para saltar a los titulares.
Un aire nuevo
Para saciar ese apetito de notoriedad, ciertos medios batieron el parche ante cualquier presunción de delito, y concedieron la misma atención a un caso grave de corrupción o de soborno que a una denuncia irresponsable. Un clima de sospecha empañó entonces a todas las instituciones y dio pie a la irreflexiva sentencia popular según la cual "son todos unos corruptos", lo que induciría a suponer que la corrupción es invencible y no queda otra salida que resignarse.
También, con cierta frecuencia, los medios se pusieron al servicio de una opinión pública obsesiva, que fija la mirada en el conflicto de hoy y se desinteresa del conflicto aún no resuelto de ayer. Así fueron disolviéndose en la nada las noticias sobre los juicios por corrupción que hasta hace apenas un mes desvelaban a la sociedad. A pocos parece importarles ahora lo que está haciendo la Justicia con los casos de Víctor Alderete o de María Julia Alsogaray, que permitían calibrar las impunidades del gobierno anterior.
En 1972, una denuncia periodística también puso en tela de juicio todo el sistema político de los Estados Unidos, cuando se revelaron operaciones ilegales de inteligencia, por parte de emisarios del gobierno, en las oficinas del partido opositor, situadas en el edificio Watergate de Washington. El Senado de ese país reaccionó entonces nombrando una comisión especial que, con el auxilio de un fiscal independiente, investigó el caso y determinó la culpabilidad de figuras cercanas al presidente Richard Nixon, así como la del propio presidente. ¿Podrían los poderes del Estado hacer algo semejante en la Argentina?
Un aire nuevo entrará en el Senado el año que viene, cuando los miembros del cuerpo sean elegidos por primera vez de manera directa, sin depender de negociaciones con las legislaturas y los gobiernos provinciales. Pero las costumbres pervertidas del pasado pueden prevalecer si antes no se limpia la casa. Hay ya demasiada corrupción acumulada. Todo lo que el Gobierno deje sin esclarecer afectará de manera irremediable el futuro de las instituciones y, sobre todo, la fe de los votantes, que lo eligieron por sus promesas de transparencia. Lo que no suceda de ahora en adelante puede ser muchísimo peor que lo que ya ha sucedido.
http://www.lanacion.com.ar/00/09/16/o04.htm
LA NACION | 16/09/2000 | Página | Opinión
