Una nación frente al abismo
Por Mario Vargas Llosa
MADRID.- Lo que ocurre en Venezuela es triste, pero no sorprendente. Ha
ocurrido muchas veces en la historia de América Latina y, al paso
que van
algunos países, volverá a ocurrir: decepcionados con una
democracia incapaz
de satisfacer sus expectativas y que a veces empeora sus niveles de vida,
amplios sectores de la sociedad vuelven los ojos hacia un demagógico
"hombre fuerte", que aprovecha esta popularidad para hacerse con todo el
poder e instalar un régimen autoritario. Así pereció
la democracia peruana en
abril de 1992 con el golpe de Estado fraguado por el presidente Fujimori
y las
fuerzas armadas y así ha comenzado a desaparecer la venezolana bajo
la
autocracia populista del teniente coronel Hugo Chávez.
Que la democracia en Venezuela funcionaba mal nadie se atrevería
a negarlo.
La mejor prueba de ello es que un teniente coronel felón, traidor
a su
Constitución y a su uniforme, esté en la presidencia del
país, ungido por una
votación mayoritaria de sus compatriotas, en lugar de seguir en
la cárcel
cumpliendo la condena que le impuso la justicia por amotinarse contra el
gobierno legítimo que había jurado defender, como hizo el
teniente coronel
Chávez en 1992. Fue el presidente Rafael Caldera el que lo puso
en libertad,
apenas a los dos años de prisión, en un gesto que quería
ser magnánimo y
era, en verdad, irresponsable y suicida. El paracaidista salió del
calabozo a
acabar por la vía pacífica y electoral la tarea de demolición
del Estado de
derecho, de la sociedad civil y de la libertad que el pueblo venezolano
había
reconquistado en gesta heroica hace cuarenta y un años derrocando
a la
dictadura de Pérez Jiménez.
La acción de Caldera no sólo fue desleal con los electores
que, todavía en
aquella época, apoyaban mayoritariamente el sistema democrático
y habían
repudiado el intento golpista que pretendía imitar el ejemplo peruano.
Lo fue
también con los oficiales y soldados de las fuerzas armadas de Venezuela
que, fieles a sus deberes, se negaron a apoyar el Putsch del año
92 y,
perdiendo algunos sus vidas en ello, derrotaron a los facciosos y dieron
así un
ejemplo de conducta cívica a las instituciones castrenses de América
Latina.
¿Qué pensarán hoy día de lo que ocurre a su
alrededor esos militares
constitucionalistas viendo cómo el ex "putschista" asciende y coloca
en altos
cargos de la administración y del Ejército a sus cómplices
de la conjura
golpista? Pensarán, claro está, que, con dirigentes de esa
estofa, aquella
democracia no merecía ser defendida.
Delirios populistas
Como el teniente coronel Hugo Chávez ganó las elecciones
presidenciales y
acaba de ganar de manera abrumadora las convocadas para la Asamblea
Constituyente, se dice que, aunque sea a regañadientes, hay que
reconocerle
legitimidad democrática. Lo cierto es que la historia de América
Latina está
llena de dictadores, déspotas y tiranuelos que fueron populares
y que
ganaron (o hubieran podido ganarlas si las convocaban) las elecciones con
que, de tanto en tanto, se gratificaban a sí mismos, para aplacar
a la
comunidad internacional o para alimentar su propia megalomanía.
Que un número tan elevado de venezolanos apoye los delirios populistas
y
autocráticos de ese risible personaje que es el teniente coronel
Hugo Chávez
no hace de éste un demócrata: sólo revela los extremos
de desesperación,
de frustración y de incultura cívica de la sociedad venezolana.
Que en esta situación tienen buena parte de culpa los dirigentes
políticos de
la democracia es una evidencia. Uno de los países más ricos
del mundo
gracias al petróleo es hoy día uno de los más pobres,
debido al despilfarro
frenético de los cuantiosos ingresos que producía el oro
negro, deporte en el
que rivalizaron todos los gobiernos, sin excepción. Pero más
que todos el de
Carlos Andrés Pérez, que se las arregló, en su primer
mandato, para
volatilizar los vertiginosos 85 mil millones de dólares que el petróleo
hizo
ingresar en las arcas fiscales.
El sueño de opio en que vivía la Venezuela adormecida por
el sistema de
subsidios cesó cuando los precios del petróleo cayeron en
picada. El despertar
fue brutal. El gobierno -el segundo de Carlos Andrés Pérez,
para mayor
paradoja- se vio forzado a desembalsar los precios, que subieron hasta
las
nubes. El pueblo, desconcertado, sin entender lo que ocurría, se
lanzó a las
calles a saquear supermercados.
Desde el Caracazo todo ha ido empeorando, hasta llegar al coronel
paracaidista, que asegura a los venezolanos que la lastimosa situación
del
país (el producto bruto interno cayó el 9,9 por ciento en
los últimos tres
meses y en ese mismo período la recesión pulverizó
medio millón de puestos
de trabajo) se acabará cuando desaparezcan los corruptos partidos
políticos y
los ladronzuelos parlamentarios se vayan a sus casas, y una nueva
Constitución le garantice a él la fuerza para gobernar sin
estorbos (y para
hacerse reelegir).
Para facilitarles el trabajo, el teniente coronel Chávez ha entregado
a los
flamantes miembros de la Asamblea Constituyente un proyecto de la nueva
Carta fundamental, y la orden perentoria de que lo aprueben en tres meses.
Uno se pregunta para qué semejante pérdida de tiempo, por
qué el teniente
coronel no la promulgó ipso facto, sin el trámite de los
robots.
Discursos deletéreos
El teniente coronel Chávez, como muchos personajes de la especie
que
representa -el caudillo militar-, tiene la peregrina idea de que la sociedad
venezolana anda mal porque no funciona como un cuartel. Éste parece
ser el
único modelo claro de organización social que se delinea
en los deletéreos
discursos con que anuncia la futura República Bolivariana de Venezuela.
Por
eso ha trufado los entes públicos de militares, militarizado la
educación
pública y decidido que las fuerzas armadas participen, de manera
orgánica,
en la vida social y económica del país. Está convencido
de que la energía y
disciplina de los oficiales pondrán orden donde hay desorden y honradez
donde impera la inmoralidad.
Su optimismo hubiera sufrido un rudo traspié si hubiera estudiado
los
ejemplos latinoamericanos de regímenes militares y advertido las
consecuencias que trajeron a los países víctimas semejantes
convicciones. Sin
ir muy lejos, al Perú, donde la dictadura militar y socializante
del general Juan
Velasco Alvarado (1968-1980), que hizo más o menos lo que él
se propone
hacer en Venezuela, dejó un país en la ruina, sin instituciones,
empobrecido
hasta la médula, y con un Ejército que, en vez de haber regenerado
a la
sociedad civil, se había corrompido visceralmente a su paso por
el poder.
A diferencia del Perú, cuya suerte no le importa mucho a la comunidad
internacional, que ha visto con una curiosidad irónica, y a veces
con cierta
complacencia, la implantación del pintoresco régimen autoritario
y corrupto
que allí impera, Venezuela es, gracias a su mar de petróleo,
demasiado
importante como para que aquélla se cruce de brazos mientras este
país se
va al abismo al que la demagogia y la ignorancia del teniente coronel Hugo
Chávez lo conducirá si pone en práctica las cosas
que pretende. Es probable,
pues, que en este caso los organismos financieros internacionales, y los
países occidentales, empezando por los Estados Unidos -que importan
buena
parte del petróleo venezolano-, multipliquen esfuerzos para moderar
los
excesos voluntaristas, verticalistas y planificadores del estentóreo
caudillo y
exijan de él, en política económica, un mínimo
de sensatez.
Pero que haya o no democracia en Venezuela le importa una higa a la
comunidad internacional, de manera que ésta no moverá un
dedo para frenar
esa sistemática disolución de la sociedad civil y los usos
elementales de la
vida democrática que lleva a cabo el ex golpista, con la entusiasta
y ciega
colaboración de tantos incautos venezolanos. Una siniestra nube
negra ha
caído sobre la tierra de donde salieron los ejércitos boliviarianos
a luchar por
la libertad de América, y mucho me temo que tarde en disiparse.
© La Nación
Copyright 2000 S.A. LA NACION | Todos los derechos reservados