Un punto en el océano
Por Mario Vargas Llosa
LONDRES.- NO ha terminado la tragedia de Kosovo y estalla, al otro lado
del
mundo, la de Timor Oriental. El ejército de Indonesia, no contento
con haber
exterminado a una cuarta parte de la población de esa antigua colonia
portuguesa, que invadió en diciembre de 1975, ahora, en respuesta
a la
abrumadora votación en favor de la independencia de los timorenses
(el 78,5
por ciento de los votantes), procede a arrasar el territorio, a pillar
y asesinar,
y, luego de forzar la partida de periodistas y observadores, al desarraigo
masivo de la población, que es deportada al sector occidental de
la isla, de
soberanía indonesia.
Si, en el caso de Kosovo, la existencia en esa región de dos comunidades
rivales con títulos ancestrales para habitarla, los serbios y los
albaneses,
planteaba cierto dilema moral, en el de Timor Oriental todo es diáfano.
No
hay la menor dificultad para reconocer a los victimarios y a las víctimas,
y
señalar a los responsables. La precipitación y torpeza con
que Portugal
abandonó esa posesión en 1975, dejándola librada a
la voracidad del
poderoso vecino, sin facilitarle antes el acceso a la independencia (que
le
hubiera garantizado una protección internacional), es el más
remoto
antecedente de la actual catástrofe.
Exterminio en Timor
Una gravísima responsabilidad recae también en el gobierno
estadounidense
de la época. El presidente Gerald Ford y el secretario de Estado
Henry
Kissinger se hallaban en visita oficial en Yakarta, y Suharto, el tiranuelo
indonesio, les comunicó sus planes para apoderarse de Timor Oriental.
No los
objetaron. La cleptocracia castrense del general Suharto aseguraba la
"estabilidad" del cuarto país más poblado del mundo (250
millones de
habitantes), que entonces parecía vivir un milagro económico.
¿Por qué no
permitirle a ese régimen, aliado de Occidente en la lucha contra
el
comunismo, tragarse ese minúsculo territorio, un punto perdido en
el océano,
sin valor estratégico, y habitado por menos de un millón
de infelices?
El error de cálculo del inteligente doctor Kissinger fue subestimar,
en la era de
la globalización, la capacidad de resistencia de un pueblo, por
pequeño que
sea y por grande que sea su opresor, cuando lo anima un sentimiento de
libertad.
Como la soviética, la tiranía indonesia se descuajeringó
en un pestilente caos
de corrupción, ineficiencia y brutalidad, y su aparente "milagro
económico" se
eclipsó como por obra de magia de la noche a la mañana, lo
que obligó a las
potencias occidentales a inyectar a su economía miles de millones
de dólares
para que no colapsara del todo. Ahora mismo, mientras sus militares
perpetran el genocidio timorense, el Fondo Monetario Internacional y el
Banco
Mundial ultiman una ayuda financiera que podría alcanzar la astronómica
suma de 71.000 millones de dólares al régimen del hijo putativo
del general
Suharto, el presidente Yusuf Habibie (no menos corrupto, ineficiente y
brutal
que su predecesor).
Y el casi inexistente Timor Oriental, pese a la despiadada campaña
de
exterminio emprendida por el ocupante, sobrevivió y su resistencia
llegó a ser
conocida y, en cierta forma, premiada internacionalmente en 1996 con la
concesión del Nobel de la Paz a dos líderes independentistas,
el obispo de
Dili, Carlos Ximenes Belo, y José Ramos-Horta. No sólo en
términos morales,
también prácticos, los Estados Unidos y los países
occidentales hubieran
ganado más -perdido menos- impidiendo a la autocracia de Suharto
ocupar
Timor Oriental y facilitando a ésta el acceso a la independencia.
Lo extraordinario es que, pese a los rotundos desmentidos que ha dado la
historia reciente al supuesto "realismo pragmático" del doctor Kissinger
de
amansar a los dictadores y a los sátrapas haciéndoles concesiones
y
permitiéndoles atropellar los derechos humanos, la lección
no parece haber
sido aprendida. El representante de Canadá en el Consejo de Seguridad,
Robert Fowler, respondió así a las críticas hechas
a las Naciones Unidas por su
pasividad ante los crímenes indonesios en Timor Oriental: "¿Va
la ONU a
declarar la guerra al cuarto país más grande del mundo? ¿Eso
es lo que
quieren? En el Consejo de Seguridad no hay el menor apetito para ir a una
guerra contra Indonesia". Y el presidente del Consejo, el holandés
Peter van
Walsum, lo apoyó, asegurando que la ONU no perdía las esperanzas
de que
el Presidente Habibie cumpliera su promesa de "asegurar la paz y la
seguridad en Timor Oriental".
Cinismo internacional
Esos diplomáticos tienen el mérito de la franqueza. No son
respetables, pero
sí instructivos. Sus principios son claros: las Naciones Unidas
pueden bregar
por la justicia y la paz, siempre y cuando el país o el régimen
que las
transgrede y violenta sea débil, insignificante, pobre y desvalido.
Entonces, sí,
la ONU puede intervenir y, por ejemplo, mandar a los cascos azules a Haití
y
Ruanda, y, en casos excepcionales, aun a Kuwait o a Bosnia. Pero los países
grandes y poderosos están inmunizados contra toda forma de acción
internacional cuando cometen crímenes contra la humanidad, porque,
¿quién
quiere enojar al primero, segundo, tercero, cuarto país del mundo?
¿Dónde se traza el límite? ¿Cuál es
el poderío, en recursos militares o
económicos, que confiere a un país la impunidad para el crimen
y el horror
colectivos? Los embajadores Peter van Walsum y Robert Fowler, de esas
admirables democracias que son Holanda y Canadá, no saben, los ingenuos,
que con declaraciones como las que han hecho abonan la tesis de quienes
se
preguntan para qué sirve realmente la ONU y si tiene sentido que
la
comunidad internacional siga engrasando con sus impuestos a su
efervescente burocracia y a sus diplomáticos gárrulos.
Las dictaduras no representan a los pueblos, son unas imposturas que
mantienen una fachada de orden y estabilidad merced a la fuerza bruta.
Poner un freno a sus excesos, mediante sanciones económicas, embargos,
cuarentenas financieras o, en casos excepcionales, acciones armadas, es
una
manera, también, de ayudar a los pueblos que las padecen y a los
que nadie
que tenga una sensibilidad o una cultura democráticas puede identificar
con
los regímenes represivos que usurpan su representatividad.
Si para salvar lo que todavía es salvable de Timor Oriental la comunidad
internacional debe actuar contra la dictadura del presidente Habibie y
el
archipiélago de oligarquías militares regionales en que parece
haberse
descentralizado el régimen, en buena hora para Indonesia. Así
se consolidará
el proceso de democratización, que inició el pueblo en las
calles de Yakarta, y
que, mediante una astuta maniobra de Yusuf Habibie y los militares, le
fue
luego birlado.
Las fuerzas armadas
En la tragedia de Timor Oriental se comprueba, una vez más, la siniestra
función que las instituciones castrenses desempeñan en la
mayor parte de los
países del Tercer Mundo y el obstáculo formidable que representan
para su
democratización. Igual que en çfrica y en América
Latina, en buena parte del
Asia las fuerzas armadas son una suerte de parásito que, aposentado
en las
entrañas de la sociedad, la va fagocitando hasta anularla y convertirla
en un
mero apéndice, sin vida propia.
¿Cómo podrían prosperar las instituciones de la vida
civil -la Justicia, la ley, la
información, la empresa, la educación, la salud, los partidos
políticos- en
sociedades donde el poder político es una sucursal del poder militar,
su
instrumento?
El régimen indonesio de Habibie, obligado por las circunstancias,
es decir,
luchando por su supervivencia, se vio instigado a aceptar el principio
de la
independencia de Timor Oriental y prometió acatar el resultado del
plebiscito.
Pero los militares decidieron otra cosa, y armaron a las milicias que han
acosado e intimidado a la población de la isla a lo largo del último
año. Pese
a ello, los timorenses acudieron a los centros de votación y cuatro
quintas
partes se pronunciaron por la independencia. Entonces, los militares
procedieron a aterrorizar a periodistas, corresponsales y observadores,
obligándolos a partir, para cometer sus asesinatos y su política
de tierra
arrasada, sin testigos.
¿Qué mejor prueba de que ellos representan el verdadero poder?
Un poder
maléfico y sanguinario, que la comunidad internacional tiene la
obligación de
desarmar, no sólo para salvar a los 600 mil supervivientes de Timor
Oriental,
también para devolver la dignidad y la libertad a los 240 millones
de
indonesios.
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