El caso Pinochet
Por Mario Vargas Llosa
LONDRES.- Con la sentencia del juez británico Ronald Bartle se ha
dado un
paso más hacia la extradición a España del general
Pinochet para juzgarlo por
crímenes cometidos contra los derechos humanos durante los diecisiete
años
de la dictadura que presidió. Se trata de un acontecimiento histórico
que
trasciende largamente la circunstancia chilena y que debe ser saludado
con
alegría por todos los millones de seres humanos que, en el ancho
mundo,
son o han sido perseguidos, maltratados o silenciados por sus ideas, y
por
quienes no se resignan a que la cultura y las costumbres democráticas
sean
el privilegio de apenas un puñado de países en tanto que
la barbarie del
despotismo y la autocracia sigan imperando en las tres cuartas partes
restantes del planeta.
Quienes, sin ser partidarios de los regímenes dictatoriales, cuestionan
el
derecho de España y el Reino Unido de juzgar al ex dictador chileno
alegan
una serie de razones que, creo, no resisten un análisis en profundidad.
La
más socorrida de estas razones es pragmática: el acoso internacional
a
Pinochet pone en peligro la transición chilena hacia la democracia
y puede
desestabilizar al gobierno actual, crispar y exacerbar la vida política
e, incluso,
provocar un nuevo golpe de Estado.
Lúgubres vaticinios
Esta visión catastrófica no está avalada por los hechos.
No hay un argumento
serio que justifique los lúgubres vaticinios de que el caso Pinochet
vaya a
destruir la democracia chilena. Por el contrario, como acaba de mostrarlo
The
New York Times en un reportaje sobre el estado de la justicia en ese país,
el
procesamiento de Pinochet en España ha significado una reactivación
de las
iniciativas legales en Chile contra los crímenes y abusos cometidos
durante la
dictadura, y en los últimos doce meses veintiséis oficiales
acusados de estos
delitos han sido encarcelados por orden judicial. Éste es un síntoma
clarísimo
de una mayor disponibilidad y libertad de los jueces chilenos para actuar
sobre este tema, adquiridas gracias a la remoción del obstáculo
que, para el
normal desenvolvimiento de la Justicia, significaba la presencia del senador
vitalicio dentro de uno de los órganos rectores del Estado chileno.
En vez de
debilitarla, la acción internacional contra Pinochet contribuye
a perfeccionar y
acelerar una democratización ya firmemente enraizada en Chile.
Otra de las razones alegadas en contra del procesamiento de Pinochet por
el
juez Baltasar Garzón es de tipo nacionalista: la violación
de la soberanía
nacional que significaría juzgar al ex dictador fuera de su propio
país. ƒste es
un argumento de un anacronismo contumaz, que ignora la realidad histórica
contemporánea, signada por la globalización, es decir, por
la sistemática
erosión de las fronteras y del concepto decimonónico del
Estado nación. La
economía se encargó de ser la punta de lanza de la gran ofensiva
moderna
contra esa visión estrecha, excluyente y particularista de la soberanía,
incompatible con la interdependencia que el desarrollo de la ciencia, la
técnica, la información, el comercio y la cultura ha establecido
a finales del
siglo XX entre todas las sociedades del mundo. ¿Por qué la
Justicia quedaría
excluida de este proceso generalizado de internacionalización de
la vida
contemporánea?
De hecho, no lo está. Nadie objeta que los delincuentes comunes,
o los
traficantes y contrabandistas, sean perseguidos y sancionados judicialmente
fuera de sus "patrias"; por el contrario, lo normal es que los gobiernos
soliciten la acción mancomunada de los otros países contra
sus delincuentes
(por ejemplo, en lo que atañe al terrorismo). ¿Por qué
los crímenes y abusos
contra los derechos humanos constituirían un caso aparte? ¿Son
acaso menos
graves desde el punto de vista ético o jurídico estos delitos?
Fin de la impunidad
La importancia del caso Pinochet es, precisamente, que sienta un precedente
para acabar con la impunidad de que hasta ahora ha gozado sinnúmero
de
tiranuelos y sátrapas que, luego de perpetrar sus fechorías
y pillar la hacienda
pública hasta amasar cuantiosas fortunas, se retiraban a disfrutar
de una
vejez magnífica a salvo de toda sanción. Ahora, de Baby Doc
al general
Cedras, de Idi Amín a Menghistu, de Fidel Castro a Saddam Hussein,
y tantos
otros de la misma estirpe saben que no podrán vivir tranquilos,
que vayan
adonde vayan y estén donde estén la Justicia puede llegar
hasta ellos y
obligarlos a responder por sus crímenes.
Hay quienes argumentan que en vez de disuadir a futuros dictadores, el
acoso judicial a Pinochet va a incitar a los que ya usurpan el poder a
atornillarse en él, a no cometer la imprudencia que cometió
el ex dictador
chileno abandonando un gobierno que lo hacía invulnerable a las
sanciones.
La verdad es que nunca en la historia un dictador ha dejado de serlo por
voluntad propia, por una súbita transformación espiritual,
ideológica o ética. Ni
Fidel Castro ni el coronel Khaddafi ni Saddam Hussein ni sus congéneres
van
a acortar un solo minuto su permanencia en el poder porque cese el
hostigamiento legal a Pinochet.
Otra de las razones esgrimidas en contra del procesamiento a Pinochet es
el
del distinto rasero con el que ciertos medios de comunicación y
ciertos
intelectuales y políticos juzgan a los dictadores. ¿Por qué
las satrapías de
izquierda no les merecen el mismo repudio que las de derecha? ¿Ha
sido
acaso más cruel y sanguinario en sus diecisiete años de dictador
Pinochet con
sus adversarios que Fidel Castro en sus cuarenta años de tiranuelo
con los
suyos? Cualquier persona medianamente informada sabe que, aunque de
distinto signo ideológico, ambos personajes son responsables de
indecibles
abusos contra los más elementales derechos humanos, lo que debería
traducirse en una idéntica condena y acoso por parte de la comunidad
internacional democrática.
Sin embargo, ya lo sabemos, en tanto que ni un solo gobierno democrático
defendió a Pinochet, sólo un ínfimo número
de gobiernos de esta índole se
atreve a llamar a Fidel Castro lo que en verdad es: un pequeño sátrapa
con
las manos manchadas de sangre. Y una veintena de presidentes y primeros
ministros iberoamericanos se dispone, dentro de unos días, en un
grotesco
aquelarre político, a viajar a La Habana a abrazarse con el repugnante
personaje, y a legitimarlo firmando con él, una vez más,
sin que les tiemble
la mano ni se les caiga la cara de vergŸenza, una declaración a
favor de la
libertad y la legalidad como el marco adecuado para el desarrollo de la
comunidad iberoamericana.
Desde luego que esta doble moral ("hemiplejia moral", la llama
Jean-Franois Revel) para tratar a los dictadores según
sean de
derecha o de izquierda es indignante, sobre todo en la boca, la pluma y
la
conducta de los cínicos que, a la vez que la practican, se llaman
demócratas
o, escarnio supremo, progresistas. Sin embargo, traducir esta indignación
en
una propuesta de exoneración de toda culpa a Pinochet, ya que (por
el
momento) no se puede castigar de la misma forma que a él a Fidel
Castro,
de carta blanca para los desafueros de los dictadores fascistas, ya que
los
dictadores comunistas suelen ser menos vulnerables que aquéllos
a la
sanción internacional, es lo mismo que proponer que, como no existe
una
justicia universal y absoluta, la humanidad renuncie a toda forma de justicia,
incluso relativa y parcial.
Futuro de los dictadores
El caso Pinochet es alentador desde el punto de vista moral, jurídico
y político
porque abre las puertas para que, en el futuro, otros dictadores _no importa
de qué signo ideológico_ sean acosados y sancionados por
sus crímenes, y
también porque, en este caso particular, unas víctimas concretas
de torturas,
asesinatos, cárcel y despojos están recibiendo una legítima
aunque tardía
reparación.
Que haya tocado a un ex dictador de derecha y no de izquierda ser el primero
de lo que (depende de todos nosotros y no sólo del juez Baltasar
Garzón)
será en el porvenir una larga lista de sátrapas sancionados
es un detalle
circunstancial que no afecta para nada la trascendental importancia de
lo
alcanzado en el plano de la Justicia con el caso Pinochet. Depende de los
genuinos demócratas, de los verdaderos amantes de la libertad y
la legalidad
en el mundo entero, que lo ocurrido con Pinochet no sea una excepción
sino
una regla, no una mera victoria de la "izquierda", sino un primer acto
efectivo
de justicia para reducir drásticamente los asesinatos y torturas
políticas en el
mundo, cometidos no importa por quién ni con qué pretexto
religioso o
político. De alguna manera, poniendo a Pinochet en el banquillo
de los
acusados, los jueces españoles y británicos han llamado a
comparecer junto a
él a todas las efigies de una luctuosa e inmemorial dinastía.
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